La noche del 27 de febrero de 1933, cuatro semanas después del nombramiento de Adolf Hitler como canciller del Reich, el edificio del parlamento ardió. La sala de plenos y algunas habitaciones cercanas a la misma fueron consumidas por las llamas. Se trató sin duda de un incendio provocado, aunque el asunto de la autoría no está resuelto a día de hoy.
De lo que no cabe duda es de que los nazis fueron los grandes beneficiados por el incendio. Esa misma noche desataron una oleada de terror contra sus enemigos políticos. El Reichspräsident Hindenburg fue forzado a firmar al día siguiente la llamada Reichstagsbrandverordnung (Decreto del Incendio del Reichstag) "para la protección del pueblo y el estado". El párrafo 1 derogaba los derechos civiles elementales; el párrafo 5 establecía la pena de muerte para delitos de "alta traición".
En mayo de 1933, el comunista neerlandés Marinus van der Lubbe, junto con algunos miembros notables del Partido Comunista, fue acusado de provocar el incendio. La acusación sostenía que el incendio era una señal para desencadenar un golpe de estado. Se celebró una vista pública en la que van der Lubbe fue condenado a muerte, gracias al cambio en la legislación y a una confesión dudosa. Fue ejecutado en enero de 1934. Los otros acusados fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Como maniobra propagandística, el proceso resultó un desastre para sus organizadores, sobre todo por la superioridad retórica de Dimitrov en sus duelos dialécticos con Joseph Goebbels y Hermann Göring.
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